lalisandi

Mucho Streisand contra tanto ‘chilling’

In Aquí on November 4, 2012 at 3:39 pm

Traducido al español, el chilling effect equivaldría a “efecto intimidatorio”, “disuasorio” o “silenciador”. Lo bautizó así en 1950 un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y actualmente se refiere a cualquier amenaza o acción legal que tenga como efecto limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por miedo a las repercusiones legales que eso pueda comportar. El efecto Streisand nació y forma parte de la era internet y es justamente el remedio idóneo para curar el desaliento y combatir el chilling: se llama así en honor de Barbara, la actriz, que presentó en 2003 una querella millonaria por una foto aérea de su casa en California y acabó viendo la imagen difundida por doquier. Es decir, si con el chilling el censor intenta desactivar la información antes de que nazca o recién nacida, con el Streisand el tiro le sale por la culata y la criatura se multiplica. Un ejemplo de ello es el caso del periodista griego y editor de la revista Hot Doc, Kostas Vaxevanis, que acaba de ser juzgado (y absuelto) porque publicó una lista con los nombres de más de dos mil compatriotas con cuentas en un banco suizo. Nadie lo conocía mucho antes pero ahora su historia y la de los (presuntos) evasores fiscales llenan la prensa internacional. Pero no hace falta irse tan lejos, tenemos casos también aquí, aunque a veces se cubran mejor y escandalicen más los foráneos que los autóctonos. Me refiero, por ejemplo, a la sentencia contra la revista catalana Cafèambllet -cuyo caso ha sido noticia en un blog del Washington Post– o al del vídeo censurado que el colectivo 15MBcn.tv colgó en Youtube con el testimonio de Sergi García, un ciudadano que denunció haber sido víctima de brutalidad policial durante su detención en una comisaría de Barcelona.

Por si alguien todavía no está al tanto de ambos asuntos, un pequeño recordatorio: Marta Sibina y Albano Dante, editores de Cafèambllet, una revista humilde y “de pueblo” que investiga cómo se gastan el dinero público los hospitales de la zona donde viven (Breda, Girona), fueron condenados hace unos días por un juzgado de Barcelona a indemnizar con 10.000 euros a Josep Maria Via, un alto cargo de la sanidad catalana que los demandó por atentado contra su honor. En un análisis interesante de la sentencia, el profesor de derecho administrativo Andrés Boix Palop menciona precisamente el chilling como un efecto negativo que hay que tratar de evitar porque restringiría el flujo de información de interés público. Sergi García es un auxiliar de cámara de 32 años que estuvo retenido en la comisaría de Les Corts de Barcelona durante dos días en julio pasado tras participar en una manifestación ante la sede del Partido Popular en la capital catalana y al salir de la comisaría demandó a los agentes que lo detuvieron por maltrato y otros cargos. 15MBcn.tv recogió su testimonio en un vídeo el 15 de julio y lo colgó dos días después. Youtube lo bloqueó hacia el 12 de septiembre, cuando llevaba ya más de 200.000 visitas. Recibió muchas más durante la semana siguiente, cuando fue colgado en otras plataformas. El efecto Streisand.

El caso de Cafèambllet y el del vídeo de 15MBcn.tv ilustran hasta que punto se ha encarnizado con la llegada de Internet y las redes sociales la eterna batalla entre el derecho a la información y otros derechos que pueden ser utilizados como cortapisas. Y más en los tiempos agitados que corren y cuando la información y el mensaje ya no son monopolio de unos pocos, los receptores pasivos se han convertido en emisores hiperactivos y la información se genera y se disemina de forma ciudadana, masiva y colectiva. Ni Marta Sibina y Albano Dante ni el equipo de 15MBcn.tv son periodistas de carrera ni a la vieja usanza (aunque sí de vocación) y, sin embargo, informan incansablemente sobre asuntos de interés público (el requisito que exige el Tribunal Constitucional, precisamente, para que el derecho a la información prevalezca sobre otros, como el del honor). Sin menoscabar la labor del periodista digamos “de oficio” (es lo que soy yo), su tarea, en mi opinión, es necesaria y está supliendo las deficiencias de los medios convencionales, lastrados por la precariedad, la escasez de periodistas en las redacciones, los intereses de las empresas que los poseen y un largo etcétera. El hecho de que no formen parte del “establishment”, o que sean pequeños, precarios y humildes, los hacen más fácilmente blanco de las presiones, pero será porque informar forma parte de su activismo y compromiso social el caso es que no se achican y la censura los hace más beligerantes si cabe todavía.

Lo coincidente en el caso de Cafèambllet y 15MBcn.tv, y no me parece casualidad, es que la información molesta se ha difundido vía Youtube. Cafèambllet ha sido condenado por una frase de un vídeo que colgó a finales de febrero (“El robo más grande de la historia de Catalunya”). Todavía se puede ver, aunque la sentencia los obliga a retirarlo de la plataforma y destruirlo. Sin ninguna acción legal interpuesta, Youtube bloqueó en setiembre pasado el acceso en España a otro vídeo suyo (“El informe secreto de la sanidad catalana. Parte II”, colgado en mayo) por una presunta demanda de difamación que a día de hoy no existe.

Cafèambllet se enteró por un lector y posteriormente por un mensaje automático de Youtube en el que le avisaba que “la comunidad de Youtube ha señalado uno o más de sus vídeos como inapropiado” y que tras revisarlo habían decidido desactivarlo. “Youtube bloquea el contenido cuando es necesario para cumplir con las leyes locales en algunos países”, recordaba.

El caso del vídeo de Sergi García es similar, pero con un matiz distinto: se bloqueó a raíz “de una petición gubernamental” o de “una demanda legal del gobierno”. Según publicó el diario El País, un juez ordenó retirar el vídeo a distintas plataformas y medios a petición de los Mossos d’Esquadra, que consideraron “que el contenido podía ser injurioso para los agentes implicados” y poner en peligro su seguridad.  15MBcn.tv está a la espera de recibir todavía un aviso de Youtube y una notificación judicial. “Creemos que el bloqueo es injustificado y del todo reprobable, en ningún momento hemos recibido una justificación legal ni por parte de Youtube”, explican. En un vídeo titulado “#CiU censura, nosaltres no callem” (“#CiUcensura nosotros no callamos) y colgado como reacción al bloqueo denunciaron lo que consideran “un acto flagrante de censura” y recordaron que no sólo el vídeo había sido bloqueado en Youtube sino que otras plataformas recibieron notificaciones judiciales amenazando con tomar medidas si no retiraban los contenidos relacionados con el vídeo.

El caso es que censurar algo en la red porque incomoda es un esfuerzo un tanto inútil. Tan sencillo es bloquear un vídeo como acceder a él. Para solicitar que se desactive el visionado en un país, basta con que alguien rellene este formulario y denuncie que el video en cuestión es difamatorio o atenta contra su privacidad. A menudo y por lo que sé (es una impresión, no un dato), Youtube tiende a curarse en salud e impedir que sea visionado en el país en cuestión aunque no en el resto del mundo. Pero hay varias maneras de verlo y, de hecho, la red está llena de páginas que ofrecen “trucos” para saltarse la censura. Yo he podido ver esta semana el de Cafèambllet de dos formas distintas. Por un lado, la más obvia y sencilla: le he pedido a un amigo que está en el extranjero que lo descargara y me lo enviara. Por el otro: un amigo hacktivista me mostró cómo acceder a él cambiando la dirección del IP del ordenador, que determina su ubicación, de forma que pareciera que estábamos en el otro lado de la frontera, en Francia, tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. O sea, engañando a Youtube.

El mejor antídoto contra la censura, sin embargo, sigue siendo el efecto Streisand, es decir, el empecinamiento de los ciudadanos conectados de difundir la información censurada todavía con más ahínco. El vídeo de Sergi Garcia sigue colgado en muchas plataformas, no sólo en Youtube. “Este vídeo no es mío. Lo he subido porque, por ‘petición gubernamental’, han quitado el original del canal de 15Mbcn. Pienso que en cuantos más sitios esté, más difícil será que lo censuren”, explica en su canal alguien que colgó el vídeo el mismo día en que fue bloqueado en la cuenta de 15MBcn.tv. Otro usuario de Youtube hizo lo mismo, pero esta vez difuminando las caras de los agentes. “De esta manera no existe justificación alguna para la eliminación del vídeo”, explica.

“La semana que el video fue retirado, aparecieron multitud de réplicas por el efecto Streisand”, me cuenta el 15MBcn.tv. “La censura provocó que el vídeo, que ya casi no recibía visitas, se volviera a difundir masivamente. Nuestro canal recibió unas 14.000 visitas desde fuera de España, los otros canales que lo colgaron unas 200.000”.

Alguien colgó también de nuevo “El informe secreto de la sanidad catalana, Parte II”, de Cafèambllet: se puede ver aquí. El efecto de bloquearlo, además, fue un incremento notorio del volumen de visitas en su canal de Youtube, como indicó Albano Dante en un tuit. Más tarde, cuando se hizo pública la sentencia, el vídeo que colgó la pareja explicando que los habían condenado (“Ens han condemnat/ Nos han condenado”) fue visto casi 100.000 veces en las siguientes 48 horas, una tercera parte de las visitas que obtuvo el que motivó la demanda en ocho meses.

Se trata de una guerra de baja intensidad, o de jugar eternamente “al gato y al ratón”, como la calificaban los blogueros egipcios en época de Hosni Mubarak, cuando parecía que las líneas rojas a la libertad de información y de expresión eran cosa sobre todo de los viejos autócratas árabes y la censura en Internet algo que sólo sucedía en países bajo regímenes autoritarios. Pues no. Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España, recordó en el Free Culture Forum que se celebró hace unos días en Barcelona que Francia es desde el año pasado uno de los países “bajo vigilancia” en la lista de enemigos de Internet de la organización. El abogado Carlos Sánchez Almeida alertó que la reforma el Código Penal en España busca, además de criminalizar la desobediencia civil, ejercer el control político de la red y atacar el derecho a la libertad de expresión en línea. Lo cuento con más calma otro día.

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